Sevilla iba a ser una ciudad
tan transparente como un papel de celofán. Al menos eso es lo que se
deducía de las incontables promesas del entonces candidato a la
alcaldía, Juan Ignacio Zoido, de hacer de la “luz y los taquígrafos” los
garantes inquebrantables de la transparencia en la política municipal.
Han pasado más de dos años y la política de comunicación del
Ayuntamiento de Sevilla está cada vez más infectada por una mortal
epidemia de mudez.
Cada vez que los informadores
se enfrentan a un trabajo periodístico y necesitan contrastar
información con el Ayuntamiento se encuentran con un muro infranqueable
de impedimentos y excusas, cuando no de negativas tajantes de hechos
casi innegables, adornadas a veces con actitud prepotente. Evitar el
flujo libre de la información pública parece haberse convertido en la
piedra angular de la política comunicativa del equipo de Zoido.
El ejemplo primigenio y más evidente es la página web del Consistorio. Un instrumento básico en la recopilación de datos municipales que se ha convertido en un desierto de estadísticas y en un caudaloso torrente autolaudatorio que a los ojos de los ciudadanos se transforma en una ciénaga donde es casi imposible obtener información útil.
La transparencia del alcalde
hispalense comienza por el olvido. Su programa electoral para las
elecciones del 22 de mayo de 2011 ha desaparecido de las webs del
Partido Popular y sólo puede encontrarse en otras particulares y,
curiosamente, en la del cronómetro de promesas del PSOE municipal. Borrar todo rastro de lo prometido es la mejor manera de evitar la rendición de cuentas.
El manto de silencio del equipo de
gobierno ha caído sobre toda la administración de la ciudad de una forma
apabullante. Es imposible entrevistar a un solo cargo público, ya sea
funcionario o de libre designación, sin antes pasar por la imbricada
burocracia del gabinete de comunicación de Laredo. Si la entrevista
deseada es con un delegado de área, mejor ni preguntar.
La amabilidad de los responsables de
prensa del Ayuntamiento llega al extremo de ofrecerse a realizar ellos
mismos las preguntas al entrevistado, para que el periodista no tenga
que molestarse en gastar saliva y tinta. Las respuestas, sin embargo,
suelen ser del mismo corte, sobre todo si se trata de negar la mayor en
cualquier asunto salvo la propaganda del gobierno. La obsesión por
filtrar la información alcanza cotas inauditas.
La política del miedo se ha instaurado
entre los funcionarios y servidores públicos. La prohibición de hablar
con cualquier periodista sobre cualquier tema se extiende por todas las
áreas del Ayuntamiento como una marea negra. Algunos empleados, incluso,
han manifestado su temor a represalias. No hay distinción entre los
funcionarios de carrera y los puestos de designación directa, a
sabiendas de que una de las obligaciones de los cargos políticos es la
de atender a la prensa.
Conseguir un documento público es otra
tarea desquiciante. Este medio requirió recientemente datos sobre
diversas adjudaciones de servicios contratados por la Agrupación de
Interés Económico (AIE) con empresas privadas. Después de una semana de
espera, la excusa para no conceder los datos son dos artículos de sendas
leyes que hacen referencia a la contabilidad de sociedades anónimas.
Nada que ver con empresas municipales ni con la obligación de éstas de
otorgar información sobre las contrataciones efectuadas con el dinero de
todos los ciudadanos.
Frente a este panorama, la gota que colma el vaso es que uno de los miembros del gabinete de comunicación municipal remitiera a varios ciudadanos a los medios de comunicación
para conocer la información que debe hacer pública el Consistorio. Lo
único que le faltó fue mandarlos a comprar el vocero de las tres letras y
las dos grapas.
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