el grupo IULV-CA presenta en el mes de Febrero, en todas las Juntas Municipales de Distrito, una propuesta que pone en alza el derecho constitucional a la vivienda frente a la especulación que de ella hacen las entidades bancarias. La propuesta es la siguiente:
La actual crisis ha impactado de forma dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler
de sus casas.
Su traducción social ha sido la de miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza, y exclusión social, económica y residencial.
Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Esta circunstancia se ve agravada por el hecho de que el Estado Español es el país de Europa con más viviendas vacías (3 millones y medio según el último censo estatal de vivienda de 2011) y con un parque de vivienda social claramente insuficiente (menos de un 2% de las existentes).
Las administraciones locales, infra-dotadas de recursos, son las que reciben en primera instancia el impacto social de esta realidad, en tanto que las más cercanas a la ciudadanía.
El contexto descrito y la situación de emergencia en que se halla gran parte de la población se está traduciendo, también, en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda que acrecienta el grado de vulnerabilidad social de quienes se ven abocados a recurrir a esta opción.
La situación expuesta requiere actuaciones por parte de la administración que posibiliten el acceso a la vivienda de todos/as aquellos/as ciudadanos/as que se ven excluidos, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 47 de la CE.
Ante la enorme cantidad de personas con necesidades habitacionales y la falta de recursos públicos parahacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras.
Fomentar y garantizar la función social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y penalizar, si es necesario, el uso antisocial se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos al alcance de la administración para dar respuesta a la vulneración del derecho.
La suspensión de forma cautelar del artículo por el que la Junta podía expropiar viviendas con el fin de evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social acreditado permite, por tanto, a las entidades financieras, si así lo quieren, desalojar a los inquilinos de unos inmuebles cuya propiedad ostentan.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía propone que el Pleno de esta Junta Municipal del Distrito Triana inste al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para que adopte los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales, en base a la legalidad y competencias existentes, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.
Segundo.- De conformidad con el artículo 72 del R.D Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecer un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto, para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados, y hayan sido atribuidos a entidades financieras que operan en la ciudad de Sevilla. Superados los 6 meses en los que la vivienda permanezca vacía, el recargo ascendería al 100% de la cuota líquida del impuesto.
Tercero.- Imponer multas coercitivas, previa advertencia, si transcurrido el plazo fijado no se ha producido la ocupación del inmueble y, llegado el caso, emprender procedimientos sancionadores por infracción grave, si la situación no se corrige.
Cuarto.- Instar al Gobierno central a que retire el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía.
