A correr, al campo. Articulo de Rafael Báez en Sevilla Report. Recomendamos su lectura.

Rafael Báez | La semana pasada se desveló el nuevo proyecto deportivo de la Corporación Municipal para este año, consistente en la creación de unos Juegos Deportivos de Otoño en Distrito, previstos entre noviembre y diciembre de este año, y los tradicionales Juegos Deportivos Municipales, a disputar en el primer semestre de 2014.

Pero no es ésta la novedad, ni mucho menos, de la organización de estos Juegos. Como ya advirtió este medio en el Balance del período entre 2011-2013 de la alcaldía de Juan Ignacio Zoido, la partida presupuestaria para el Instituto Municipal de Deportes ha descendido en estos dos años más de un 20%. Si se quiere consolidar el deporte amateur sevillano, las cifras no cuadran.

No bastando el aumento de las tasas en un 7% [también en el Balance], este curso deportivo se introducen algunas novedades:

- La primera de ellas consistente en el pago, por parte de los equipos que no posean pistas propias, del 50% de las instalaciones en la disputa de partidos (art. 24 del Reglamento de Juegos Deportivos de Otoño y art. 15.e) de la Ordenanza de Precios Públicos del IMD de 28 de diciembre de 2012).
- La segunda, el pago de 11,30€ a los participantes en los Juegos Deportivos Municipales que no residan en Sevilla (Tarifas Grupo C.2, Anexo de la Ordenanza).
La bajada de impuestos anunciada por el Consistorio, unida a la falta de inyección pecuniaria a la partida de deportes hace que el alcalde de la final de la Copa Davis (2011) y del Mundo Básket (2014) descuide uno de los principios rectores de la política social previstos en nuestra Constitución: el fomento del deporte (art. 43.3 CE), como medio, entre otras cosas, de tutelar la salud pública (art. 43.2 CE).

Siendo conscientes de que una gran parte de los equipos no catalogados como “deporte base”, es decir, de la categoría senior, no forman parte de una estructura asociativa deportiva ni poseen pistas propias unido a la notable participación de jugadores no residentes en Sevilla, desincentiva la práctica deportiva por parte de los jóvenes –y no tan jóvenes– que ven cómo una parte de la estructura deportiva municipal, que otrora lograron establecer a través de su implicación en las distintas competiciones, ahora es desmontada por un Ayuntamiento que se preocupa de asumir compromisos deportivos de alto nivel pero que descuida el fomento y el bienestar de sus propios ciudadanos dificultando la práctica deportiva al sumar tasas y desembolsos económicos en unos momentos en el que, a veces, una de las pocas vías de escape es el ejercicio físico.

Y es que los principios rectores de la política social y económica que contempla la Constitución en sus artículos 39 a 52, si bien no directamente exigibles, parece que en los tiempos de crisis económica y de política social– y de política, a secas– ven mermados cualquier deseo y pensamiento del Constituyente a la hora de su proclamación.

Es cuestión únicamente de darle un vistazo a esta serie de artículos para comprobar la nula orientación y actuación de los poderes públicos, como exige el artículo 54 CE, a los mismos: protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39 CE); protección de la salud (art. 43); derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47 CE) y pensiones (art. 50 CE), por ejemplo.

No es, ni mucho menos, el asunto del Instituto Municipal de Deportes lo más importante ni lo más escandaloso en materia de política social y económica. Es únicamente una muestra de la megalomanía de algunos dirigentes políticos, obcecados en proyectos únicos y magnificentes pero despegados de la realidad social que prefiere disfrutar de un poco a diario que de mucho un solo día.

Es sólo una pequeña muestra. Una más. La enésima.