José Manuel
García lamenta que el Gobierno de Zoido se olvide ahora de las 388 personas en
situación de especial vulnerabilidad que demandan vivienda en adjudicación,
después de haberlas utilizado contra las familias de la ‘Corrala
Utopía’
El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Manuel García, ha exigido
este jueves al Gobierno de Zoido que, al menos, la mitad de las 80 viviendas
protegidas que Emvisesa pretende ofertar en alquiler en la barriada de Nuevo
Amate sean destinadas a familias en riesgo de exclusión social.
El concejal de IU considera que “esto es lo mínimo que el Ayuntamiento debe
hacer” teniendo en cuenta el “grave problema de emergencia habitacional” que en
estos momentos existe en la capital hispalense. De ahí que su grupo político
vaya a elevar una moción urgente al Pleno de este viernes, en la que
“defenderemos que un 50% de estas VPO sean para personas en riesgo de
exclusión”.
“Se trata de una propuesta justa, necesaria y perfectamente viable”, ha
señalado García, quien “ve muy extraño” que, para oponerse al realojo de las
familias de la Corrala Utopía por parte de la Junta de Andalucía, Zoido lleve
semanas proclamando que en Sevilla hay 388 familias en proceso de intervención
social (baremadas y a la espera de adjudicación de viviendas) y, sin embargo,
“ahora se olvide de ellas”.
Al hilo de esto, el portavoz de IU ha aclarado que el argumento esgrimido
por el Ayuntamiento, en relación con la Corrala Utopía, “nada tiene que ver” con
la solicitud planteada por la Consejería de Fomento y Vivienda, que lo que le
requiere son informes sociales para un realojo provisional, no para una
adjudicación. Pero, dejando a un lado esta “equivocación” y la confusión a la
que Zoido juega permanentemente con este asunto, con su respuesta a la Junta, el
alcalde ha puesto de relieve la existencia de 388 familias en emergencia social,
a las que hay que atender de manera urgente. “Y ahora estamos ante una magnífica
oportunidad para reducir esa dramática cifra que no debemos desaprovechar”, ha
remachado García.
Desde la federación de izquierdas afirman, además, que, en contra de lo que
plantea el Gobierno de Zoido, “no hay ninguna dificultad técnica” para destinar
un porcentaje de las 80 VPO de Nuevo Amate a familias en situación de especial
vulnerabilidad. “Lo que hace falta es voluntad política”, ha subrayado García,
quien recuerda que en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 estos
pisos ya estaban calificados como viviendas de promoción pública para la
integración social y figuraban dentro del capítulo de viviendas para personas
con riesgo de exclusión social. “Por tanto, sólo hay que aplicar la legalidad”,
ha aseverado.
En este sentido, García ha tildado de “muy desafortunadas” las
declaraciones realizadas ayer por el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez,
en las que aseguraba que el Ayuntamiento estudia ahora “un portillo legal” para
“saltarse el registro de demandantes de VPO” y “anteponer” en la lista a las
personas en situación de especial necesidad. “No sabemos que ha querido decir
con esas palabras. ¿Quizá que para hacer bien las cosas, la administración
pública debe esquivar la ley?”, se ha preguntado el portavoz de IU.
Para García, resulta muy llamativo, además,
que quién lleva semanas intentando presentarse ante la ciudadanía como el
“garante de la ley y el orden”, a raíz del realojo provisional por mandato
judicial de familias con menores y en exclusión social en la Corrala Utopía, se
permita ahora el lujo de hablar con tanta ligereza e irresponsabilidad. “Sus
declaraciones evidencian claramente la insolvencia y la incapacidad del Gobierno
de Zoido en materia de vivienda”, ha denunciado el portavoz de IU, quien insta
al Ayuntamiento a “hacer sus deberes de una vez”, en lugar de “enredar e
inventarse excusas para no asumirlos”.
Y es que, según García, “no hay que buscar portillos legales de ningún
tipo, sino sólo cumplir la ley, que es igual para todos”, y donde ya se
establece que en ese tipo de promociones hay que reservar un porcentaje de las
VPO a familias con especiales dificultades sociales o en exclusión por
imposibilidad de acceder a una vivienda. “Por eso, no entendemos que el
Ayuntamiento quiera ahora dejar de lado a estas personas. Y, mucho menos,
después de haberlas utilizado con tanta insistencia contra la Junta de
Andalucía, tratando de enfrentar a las familias demandantes de vivienda con las
que están en proceso de realojo””, ha sentenciado.
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