La parlamentaria por Sevilla y dirigente comunista provincial Marina Segura, ha
recibido una denuncia por manifestarse frente al ayuntamiento de su localidad,
Morón de la Frontera, reivindicando la III República. En el mismo caso está el
Coordinador Local de IU, Alejandro Álvarez.
En el marco de las protestas y exigencias de un referéndum ante la
abdicación del anterior Borbón y la reivindicación del advenimiento de la III
República, fueron numerosas las concentraciones y manifestaciones que se
llevaron a cabo a lo largo y a lo ancho de todo el estado, para reclamar contra
la monarquía y exigir el cambio de modelo de estado.
En la localidad de Morón de la Frontera, como en tantas otras, el 11
de junio se concentraron a las puertas del ayuntamiento numerosos moronenses
entre quienes estaba nuestra parlamentaria Marina Segura y el Coordinador Local
de IU Alejandro Álvarez, quienes intervinieron frente a los requerimientos
policiales defendiendo el derecho de manifestación e incluso, ante la
intransigencia policial, proponiendo a los asistentes la conclusión anticipada
del acto.
Aún así, ambos miembros del Partido Comunista de Sevilla han recibido
en su domicilio una denuncia por “infracción administrativa grave” en la que se
les anuncia una sanción económica. Ante esta tesitura, el Partido Comunista de
Andalucía de Sevilla no tiene por menos que exigir de la Delegación del Gobierno
en Andalucía el archivo inmediato de estos expedientes sancionadores y, por
extensión, el cese inmediato de la persecución y de la criminalización de las
legítimas protestas ciudadanas.
El grado de deterioro de las condiciones de vida de las personas, en
términos de empleo, vivienda, servicios públicos y retroceso de libertades
democráticas está siendo tal, que pretenden ponerle puertas al campo impidiendo
que se produzca la explosión social que las condiciones objetivas están
provocando. Para ello, no están dudando en acosar las manifestaciones y las
concentraciones de protesta, en responder a las luchas sindicales o sociales con
verdaderos ejércitos policiales, impidiendo o limitando -tal vez solo
retrasando- el estallido social.
El camino no será la represión policial para acallar las legítimas
aspiraciones del pueblo. Esas políticas nunca en la historia han dado resultado,
porque un pueblo que tiene aspiraciones, necesidades y demandas, no va a
permanecer en silencio por más que sus casas y sus pueblos estén rodeadas de
represión. Solo a través de un cambio de modelo que dé satisfacción a las
demandas de pan, techo, trabajo y proceso constituyente, se logrará una sociedad
más justa. Las luchas del pueblo no van a parar hasta que llegue ese
momento.
Se demuestra, en cualquier caso, que los Borbones y el bipartidismo
que los sustenta, no están dudando en cruzar todas las líneas rojas que
distinguen a una democracia de regímenes autocráticos, puesto que acosar,
denunciar y amenazar -en este caso incluso a una parlamentaria, representante
legítima y directa del poder popular- supone un grave salto de calidad que no
estamos dispuestos a consentir, en tanto que son ya demasiadas las personas que
se manifiestan y sufren la represión de multas escandalosas o, incluso, entradas
en prisión, lo que ha recuperado en este país la figura del preso político.
Por ello, exigimos al gobierno que abandone la represión y se
disponga a atender al pueblo en sus demandas, y, en lo concreto, ordene archivar
todas las denuncias que se han formulado contra quienes, en el ejercicio
democrático de su libertad, se han expresado en las calles y en las plazas en
sus luchas legítimas por una sociedad más justa y equilibrada.
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