El inicio del caso se remonta a 2013, cuando el diputado del
derechista partido Ley y Justicia (PiS), Bartosz Kownacki, denunció a
los dirigentes comunistas ante la Fiscalía. Si bien en aquel momento el
procedimiento quedó paralizado, en diciembre de 2015 la oficina
del fiscal regional de Katowice lo recuperó y remitió la denuncia al
Tribunal Regional que finalmente ha condenado a los y las camaradas.
En el escrito de acusación se señalaba que los militantes comunistas
estaban promoviendo públicamente un sistema totalitario al publicar en
el periódico “Brzask” artículos “directamente relacionados con el
sistema comunista y el marxismo-leninismo, que en el contexto de la
experiencia histórica es contradictorio con los valores democráticos”, lo que sin duda iba encaminado a poner en duda la propia legalidad de las actuaciones del PC de Polonia en su conjunto.
El PCP denuncia que en Polonia, sobre todo después de la victoria del PiS en las elecciones del año pasado, se está intensificando la campaña anticomunista mediante el recurso a la equiparación del comunismo con el nazi-fascismo pero que, además, el
tratamiento que el sistema judicial da a su organización contrasta
abiertamente con el trato que se da a organizaciones de extrema derecha. Como ejemplo, baste señalar que, al tiempo que los miembros del equipo editorial de “Brzask” eran condenados, los
fascistas de la organización ONR (Campo Nacional Radical) se
manifestaban libremente en las calles de la ciudad de Bialystok para
conmemorar el 82 aniversario del nacimiento de su organización, paseando
el símbolo de la falange, antorchas y profiriendo amenazas de
“eliminar” a sus enemigos políticos, sin que haya habido consecuencias
de ningún tipo. Además, se está discutiendo una propuesta del
Ministerio de Defensa polaco para entregar armas a los fascistas dentro
de un plan de defensa territorial “ampliada”.
El veredicto de condena a los camaradas polacos fue adoptado
al mismo tiempo que el Parlamento del país votaba una ley sobre “la
prohibición de la promoción del comunismo”, que obliga a las
autoridades locales a cambiar los nombres de las calles y otros objetos
asociados al comunismo, lo que supone un ataque contra la tradición del
movimiento obrero.
La campaña anticomunista desatada en los países del Este europeo,
auspiciada por las autoridades de la Unión Europea y de los principales
partidos, se basa en una falsificación de la Historia y en una equiparación absolutamente vergonzosa del fascismo, que fue herramienta del capital contra la clase obrera, con su principal enemigo, el movimiento comunista. La lucha contra estas tergiversaciones y falsificaciones debe ser decidida y firme.
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