El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá,
(CETA por sus siglas en inglés), y también conocido como el “TTIP
canadiense”, por sus similitudes con ese acuerdo, se encuentra en la
fase final de su proceso de ratificación.
El 24 de enero el CETA será votado en la Comisión de Comercio
Internacional (INTA) del Parlamento Europeo. Las organizaciones que
formamos parte de la campaña NO al TTIP, CETA, TiSA nos sumamos en
Andalucía a la jornada europea de movilizaciones del 21 de enero,
animando a la participación a la ciudadanía andaluza; mostramos nuestro
rotundo rechazo a este acuerdo comercial, y conminamos al Parlamento
Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales,
provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de
ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones
que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en
contra de la ratificación del tratado.
En la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación
provisional, el acuerdo en su totalidad (sin posibilidad de añadir
enmiendas) será votado en el pleno del Parlamento Europeo, en los
primeros días de febrero. En caso de ser ratificado, amplias secciones
del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a
la ratificación final por parte de los distintos parlamentos
nacionales.
El CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad
civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías
respecto a la protección del medio ambiente y los derechos
fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones
de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado
gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.
A pesar de que varios anexos y “declaraciones interpretativas” han
sido añadidas al CETA a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos
textos no modifican sustancialmente el acuerdo, que continúa presentando
numerosos problemas:
• El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los
gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la
protección de la población y del planeta a través de un sistema de
resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los
inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las
corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los
tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad
civil ni las empresas nacionales tienen acceso.
• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear,
expandir y regular los servicios públicos y para revertir
liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a
las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización
de los mercados financieros.
• Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA
predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea
como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado serán
fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente
aumento de la desigualdad.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de
medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como
el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría
la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra
patentes excesivas.
• Las normas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a las
regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las
regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los
procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la
adopción de políticas de interés público.
• En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a
unas presiones competitivas que minarían su modo de vida, obstruiría
las políticas de compra pública de alimentos locales y amenazaría los
estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo
imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
• Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la
salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el
CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege
explícitamente el principio de precaución en la política regulatoria
europea.
• El CETA agravará la condición de Andalucía como territorio
periférico, aumentará el plus de explotación del capital sobre la fuerza
del trabajo y agravará también la explotación de género.
CONCENTRACIÓN EN SEVILLA
21 DE ENERO 12:00H
PLAZA NUEVA frente al Ayuntamiento
Pronto más información en: www.noalttip.org sevillanoalttip@gmail.com
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