
Con la culminación del expediente, la Junta da un paso adelante en la aplicación de su polémica ley antidesahucios. Aún quedan, no obstante, algunos trámites. La empresa deberá aceptar ahora la oferta de Fomento para cerrar la expropiación del uso del inmueble, que se prolongará durante tres años. Si no hay acuerdo, será un comité provincial de valoración independiente el que determinará cuánto debe abonar la administración andaluza. Aunque la empresa presentó alegaciones al proceso de expropiación, estas fueron rechazadas por la Consejería.
En el horizonte, la amenaza de un nuevo recurso del Gobierno ante el Constitucional. Si llega a producirse, al tratarse de un conflicto de competencias, la admisión a trámite del Tribunal supondría la suspensión automática de la norma durante, al menos, cinco meses. Fomento confía, no obstante, en poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Rajoy antes de que se tome la decisión a través de una comisión bilateral.
La Junta tramita actualmente otros 17 expedientes para la expropiación temporal de viviendas, ya publicados en el BOJA -seis en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, una en Huelva y una en Cádiz-.
Andalucesdiario
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