El compromiso del PCE con la construcción de un proceso constituyente, parte de la denuncia de la hipocresía de las fuerzas que llevan años desmantelando la Constitución del 78 porque les viene grande, porque les sobran los derechos que reconoce, aunque sea sólo de forma simbólica, porque han introducido, el artículo 135 que pone toda nuestra economía al servicio de la banca.
Frente a este intento de imponer una salida antisocial a la crisis, el XIX Congreso del PCE no asume la derrota y con toda claridad proclama su rechazo a cualquier Pacto de Estado que pretenda asegurar la restauración en una democracia limitada y secuestrada, para que la oligárquica blinde los intereses del capital para los próximos cuarenta años. Los comunistas no vamos a facilitar a la monarquía una transición pactada, sino al contrario, cada vez con más fuerza, situamos la lucha por la III República.
Para ello, es necesario construir un Bloque Político y Social capaz de conducir un cambio de sistema, es decir, conseguir una democratización del poder político y social para construir un nuevo Estado, una nueva economía, y una nueva sociedad justa e igualitaria, una Res-pública de mujeres y hombres libres del mal social de la explotación y del dominio. Construir un bloque político y social para la Ruptura Social y Democrática.
El Partido Comunista de España sabe lo que significa poner la unidad de la izquierda por encima de cualquier otro planteamiento y, una vez más en la historia, proclamamos desde este XIX Congreso nuestra pasión por la unidad de la clase trabajadora, de las fuerzas de la cultura, de la juventud, de las mujeres y de los sectores populares a los que llamamos a rebelarse.
Esta convocatoria a la rebelión democrática, tiene que comenzar con una llamada a:
1.- La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública y la ruptura con la Troika.
2.- La actuación de los comunistas en los ayuntamientos y la defensa del poder local
3.- La elaboración de una propuesta de democracia avanzada y participativa-
1.- LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA Y LA RUPTURA CON LA TROIKA.
La deuda pública se ha convertido en el instrumento más útil para las grandes empresas y grandes fortunas para llevar a cabo, y justificar simultáneamente, el expolio a los pueblos europeos.
La deuda pública de España era en 2006 tan sólo del 36,6%, mientras que en 2012 había alcanzado un 84,2% y se prevé que para finales de 2014 llegue a sobrepasar el 100%. Este espectacular crecimiento tiene su causa en las políticas que el Gobierno ha puesto en marcha para enfrentar la crisis creada por ellos mismos.
El capitalismo español, con todos sus rasgos caciquiles, clientelares y corruptos, se ha agotado. Y para superar tal crisis el sistema busca una reestructuración a fondo que paguen los trabajadores en forma de recortes, desempleo y desmantelamiento de las conquistas sociales y económicas.
En dicha tarea juega un papel fundamental la troika, la cual con sus políticas a favor de las “reformas estructurales” aspira a convertir a España en una economía más dependiente y periférica, cuyo crecimiento tenga sus fuentes en el empobrecimiento de los trabajadores.
Tanto PP como PSOE han cerrado filas en torno a la troika y sus dictados. La institucionalización del dogma de la “consolidación fiscal” ha sido uno de ellos. La reforma constitucional de 2011, que otorgó prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier otra partida de gasto, subordinando a la ciudadanía al capricho de los mercados y de su incesante afán de lucro. Tal reforma, a la que siguió la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, convirtió de facto a la deuda pública en una palanca financiera con la que se justifica el desmantelamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales e incluso los derechos laborales y civiles.
Para resistir este proceso de transformación social regresiva y poder comenzar un nuevo proceso de reconstrucción social y de lucha democrática es necesario que el Gobierno de España rompa relaciones con la troika y se niegue tajantemente a aceptar políticas que perjudican a la clase trabajadora mientras benefician a las clases dominantes. Por ello proponemos comenzar con el eslabón más importante de esa relación: la deuda pública.
El XIX Congreso del Partido Comunista de España exige la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública que permita delimitar qué parte de los contratos son ilegítimos, a partir de un criterio esencialmente solidario y de justicia social, y poner en marcha un proceso de reestructuración de dicha deuda, entendemos que gran parte de la deuda no es una deuda de la clase trabajadora sino de los culpables de la crisis y que en consecuencia no se debe pagar, trabajando con cuantos colectivos sociales, políticos o ciudadanos coincidan en este mismo objetivo.
2.- LA ACTUACIÓN DE LOS COMUNISTAS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA DEFENSA DEL PODER LOCAL
En Abril de 1979 fueron elegidos miles de concejales comunistas en los Ayuntamientos de toda España. Bajo el lema “Quita un cacique, pon un Alcalde”, el Partido Comunista de España canalizaba la esperanza del pueblo trabajador organizado en el propio Partido, sindicatos o unas Asociaciones vecinales que vertebraban poder popular de una forma articulada y de gran incidencia social.
Treinta y cuatro años después, el gobierno del Partido Popular ha iniciado un proceso de demolición de los ayuntamientos entendidos como administración más cercana. La reforma del artículo 135 de la Constitución, que tanto daño está provocando en las capas populares, se revela como el anclaje a partir del cual inician un proceso para eliminar competencias municipales, suprimir servicios y privatizar aquéllos estratégicos cuya rentabilidad siempre ha revertido en favor de la comunidad local, como es el caso del Ciclo Integral del Agua.
Hablan los neoliberales, en una constante perversión del lenguaje, de clarificar competencias cuando quieren decir supresión de servicios; de reordenación del sector público cuando quieren decir despidos masivos; y de promoción de la actividad privada cuando quieren decir privatización en favor de las empresas de la oligarquía financiera española, que, agotado el modelo del ladrillo, buscan en la rentabilidad de los servicios municipales el nuevo manantial de negocios.
De los tres niveles de que se compone el Estado, el local es el que con diferencia contempla más potencialidades para desarrollar los mecanismos de una democracia participativa directa, que refuerce a la ciudadanía en su capacidad de determinación de las política de su territorio.
Por ello, el XIX Congreso del Partido Comunista de España:
1.- Defiende la necesidad de profundizar y mejorar el nivel competencial de los municipios españoles acompañado de un modelo de financiación que adecue su capacidad de intervención en el territorio a las exigencias de los servicios que gestiona, y que deben contemplar los de carácter más social. En consecuencia, muestra su rechazo frontal a la Reforma de la administración local propuesta por el gobierno del Partido Popular, porque supone un golpe de Estado a los Ayuntamientos y al municipalismo.
2.- Apuesta por un desarrollo de los municipios como espacios y ejemplo de democracia participativa que estimule la vertebración social y comunitaria, conceda a la ciudadanía la toma de decisiones y contribuya a la creación de poder popular desde la institución más cercana al pueblo trabajador.
3.- Insta a la militancia comunista a construir Bloque Político y Social también en el ámbito municipal, fortaleciendo el tejido asociativo en el movimiento vecinal y las entidades locales, así como en cuantos frentes de lucha se articulen en defensa del territorio, local, rural o urbano.
3.- LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA AVANZADA Y PARTICIPATIVA-
El capitalismo utiliza las crisis que genera para producir sistemáticos recortes sociales y económicos sobre la clase trabajadora, y construir un relato político según el cual el problema último reside en la Política y en las organizaciones políticas. Un discurso peligroso que abre la puerta a tesis populistas y fascistas, precisamente en un contexto social de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y emergencia creciente de las organizaciones de ultraderecha.
Para el Partido Comunista de España es urgente responder activamente y seguir ofreciendo a la clase trabajadora instrumentos con los que combatir tanto al capitalismo como al fascismo. Y uno de esos pasos imprescindibles pasa por profundizar los mecanismos democráticos con los que la clase trabajadora puede fiscalizar a los representantes elegidos por ella.
El PCE impulsará el desarrollo de medidas que avancen hacia una democracia participativa, con instrumentos de control real. En lo concreto planteamos impulsar un amplio encuentro social para elaborar una propuesta constituyente de un modelo de democracia participativa, para trasladar a las instituciones y a las fuerzas políticas y sociales que, al menos, contemple:
- Creación de un Consejo de Control Social y Democrático de la Gestión Publica, en la que se depositen los diferentes programas electorales y se haga un seguimiento de su cumplimiento, ya que los programas electorales deben ser un contrato de obligado cumplimiento entre la fuerza política que lo presenta y la ciudadanía que lo respalde.
- Regulación más efectiva de las campañas electorales para limitar gastos y ampliar la pluralidad, de manera que lo fundamental sea el debate publico y la información programática, con la prohibición de donaciones privadas a los Partidos Políticos
- Regulación e instauración de los revocatorios tanto para los cargos públicos como para los dirigentes políticos, con la idea de evitar que los representantes se separen de quienes les han elegido y de sus intereses.
- Regulación de la obligación de que los representantes públicos y dirigentes políticos rindan cuentas de su gestión anualmente y poder recibir al mismo tiempo nuevas propuestas.
- Desarrollo de mecanismos de participación de los movimientos sociales, sindicales y ciudadanos en las instituciones, de forma especial en el Parlamento.
-. Elaboración una Ley electoral que permita una representación real y proporcional de los electores/as en las instituciones.
Por último, el XIX Congreso del PCE reitera su compromiso con la unidad de la izquierda, una unidad desde la base, que se materializa y parte del proyecto de IU, una de las principales y más duraderas experiencias de unidad de la izquierda en España. Un proyecto que aglutina a una gran parte de la izquierda política, que tiene que crecer y ampliarse como Movimiento Político y Social, en el marco de un proceso de convocatoria que aglutine a la mayoría social que sufre la crisis, defendiendo la máxima unidad de las fuerzas de izquierdas, de los movimientos sociales, de los sindicatos de clase, para disputar la hegemonía y el poder a la derecha y avanzar hacia el socialismo y el comunismo.
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