IU Y LAS ALIANZAS SOCIALES DEL PCE PARA LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Desde el PCE, definimos unas determinadas alianzas sociales y de clase en función de los objetivos que nos marcamos. Es decir, en función del análisis de la realidad que hacemos, fijamos unos objetivos y una estrategia para alcanzarlos, y a partir de ahí, quiénes son los aliados y los enemigos en el camino, así como el modelo de Partido que necesitamos. Es por tanto prioritario clarificar estas cuestiones a la hora de definir qué política de alianzas son necesarias. Y en el marco de las alianzas del PCE, es donde tenemos que situar el papel que juega IU en la consecución de nuestros objetivos.

En el campo de los objetivos y de la estrategia, en los últimos años se están usando permanentemente conceptos en los documentos y en los discursos, tales como ruptura democrática, revolución democrática o proceso constituyente, que a veces parece que se pudieran intercambiar unos por otros, como piezas de un puzle: donde la ruptura a veces se cambia por proceso constituyente, y generalmente la revolución democrática queda olvidada. La mayoría de las veces se usan como conceptos sin un significado claro y concreto, y que se ponen en los documentos indistintamente, casi como una justificación litúrgica. Huyendo de los significantes vacíos, sería adecuado hacer una clarificación de qué entendemos por cada uno, antes de continuar por el camino de las alianzas.

Ruptura democrática frente a restauración

Ruptura democrática es una posición política general, que podemos adoptar (o no) y que podemos compartir (o no) con otras fuerzas políticas y sociales. Lógicamente se habla de ruptura con algo, claro. En particular, con lo que hemos venido a denominar el régimen del 78. ¿Exactamente es ruptura con lo que se conformó en “la transición”? No exactamente: lo es con todos los elementos políticos, sociales, institucionales, jurídicos, etc., que llevaron a consolidar, que han consolidado y que consolidan actualmente, la correlación de fuerzas entre las clases sociales en nuestro país y que mantienen y garantizan las condiciones de explotación y sobreexplotación del capitalismo. No sólo los Pactos de la Moncloa (aunque también), no sólo el texto de la Constitución (aunque también), no sólo al actual sistema judicial (aunque también), no sólo a la legislación electoral (aunque también), etc. También es la oposición al Tratado de Maastricht, al de Lisboa, a la permanencia en la OTAN, al euro, etc. que se dieron con posterioridad y que siguen apuntalando y dando forma a la dominación de nuestra clase y de otros sectores populares por parte de la oligarquía financiera internacional.

Y a esta ruptura la denominamos democrática porque va en el sentido de romper la dominación más autoritaria de la oligarquía y alcanzar condiciones más democráticas (que no plenamente democráticas) para el pueblo. Es conquistar una parte del poder (que no todo) para las transformaciones políticas y sociales que vayan en beneficio del pueblo. Bajo la forma política actual del capitalismo en España, incluyendo la sumisión a las estructuras supranacionales, no es posible la elaboración de otras políticas que no sean las que marcan la oligarquía: neoliberalismo extremo, represión de la lucha social, sumisión a la guerra imperialista, etc. Por eso es necesario romper esta forma política en una orientación contraria a los intereses de la oligarquía, y no será suficiente sólo con un cambio (de las formas) que no ponga en cuestión dichos intereses.

La posición política contraria a la de la ruptura la hemos denominado, generalmente, como la de la restauración. Esta posición será, por tanto y en la misma lógica, la que venga a apuntalar y reforzar las condiciones de explotación en nuestro país, todos aquellos elementos políticos, sociales, institucionales, etc. que mantienen la dominación de la oligarquía financiera internacional. La restauración no significa volver al 78 (como si se pudiera…), se trata de hacer los cambios políticos, institucionales, legislativos, sociales, etc. que sean necesarios justamente para mantener esa dominación. Incluida, por cierto, su legitimación política por parte de algún sector de la izquierda. Desde los intereses de la oligarquía, hace 40 años era necesario justificar el punto y seguido de la dictadura fascista, hoy no. Hace 40 años se redactó una constitución, que hoy es papel mojado precisamente porque la ha ido desarticulando la propia oligarquía, un texto constitucional que hoy la restauración necesita cambiar. El juego político parlamentario ha ido cambiando precisamente para ir manteniendo invariable e incuestionable la dominación y explotación: desaparecieron los partidos que tenían que desaparecer y aparecieron los que fueron necesarios, con tal de mantener el marco institucional dentro de los márgenes útiles al capitalismo. El régimen existe para la explotación, y para ello necesita garantizar la dominación de la oligarquía. La forma en que esto se concrete en cada caso se irá adaptando al momento específico.

Y ambas posiciones, ruptura democrática y restauración, son antagónicas. No podemos tener un pie en la ruptura y otro en la restauración. No podemos estar con la palabra ruptura en la boca y las manos participando de la restauración. No podemos plagar los documentos con el término ruptura mientras que nuestra acción política real, práctica y material, está centrada en la restauración.

En el ámbito de las alianzas, si estamos encaminados de manera decidida en la ruptura democrática, será difícil que podamos llegar a acuerdos relevantes con otras organizaciones políticas, sociales o sindicales que abonen el campo de la restauración. Y lo que es más grave, nos vamos a situar enfrentados a otras organizaciones que están en las posiciones de la ruptura si nuestra práctica real es la de la restauración, por mucho que nos hartemos de pronunciar la palabra ruptura.

Adoptada la posición política general, debe concretarse en aspectos prácticos y clarificadores, huir de los espacios comunes y de las ambigüedades, definirse en un programa político. Es la indefinición de elementos concretos de la que en algunos casos adolece IU y el PCE la que hace posible que se pueda mantener, al mismo tiempo, una posición y la contraria.

Por ejemplo, parece que está claro que dentro de la ruptura democrática enmarcamos el rechazo al modelo actual de la UE. Pero si esa consigna se queda ahí, si se formula en general así en abstracto, no sirve. O lo que es lo mismo, sirve para decir una cosa y la contraria. ¿Implica que hay que esperar a que nos echen de la UE? ¿Implica que tenemos que reformar el modelo de la actual UE? ¿Implica que tenemos que dinamitar la UE desde dentro? La UE no es reformable, y no es cuestión de la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo o en los gobiernos de los países miembro. Es una superestructura creada y montada por la oligarquía financiera, y sólo sirve a sus intereses. Mantener el espejismo de que con una correlación de gobiernos progresistas en el marco de la UE, ésta podría llegar a democratizarse y a ir en contra de los intereses del capital financiero es engañar al pueblo. La posición concreta debe ser la salida unilateral e incondicional de la UE y del euro. Incluso aunque cueste votos o genere incomprensión. Nuestra tarea será explicarla, pero nunca mentir.

Otro ejemplo de falta de concreción, que nos lleva a apostar por una cosa y su contraria, es nuestra posición con respecto al bipartidismo. Éste, el bipartidismo, es un actor fundamental (no el único) para comprender la cuestión político-institucional de la dominación de la oligarquía en nuestro país en los últimos años. Ambas patas del bipartidismo, PP y PSOE, forman parte, claramente, del establishment, y están abiertamente posicionados en esta coyuntura en la lógica de la restauración. Si bien lanzamos de manera general una crítica al bipartidismo, después no la concretamos en los aspectos prácticos que se derivan de ella, en cómo se aplica esta línea general, especialmente en lo que se refiere al tratamiento al PSOE. Éste es un partido al que caracterizamos en las campañas electorales como parte fundamental del régimen, pero que mágicamente transformamos en un partido asumiblemente de izquierdas o al menos progresista cuando queremos justificar llegar a un acuerdo de co-gobierno. Si la línea general es “contra el bipartidismo”, una de las conclusiones prácticas debe ser “no a los gobiernos con el bipartidismo: ni con el PP, ni con el PSOE”. Aunque nos cueste tener menos representación institucional o menos cuotas de aparición en los medios de comunicación.

El programa electoral de la candidatura de UP en Andalucía, elaborado el pasado 31 de octubre, es un ejemplo magnífico de concreción en elementos prácticos de la consigna general de la ruptura democrática. (Se puede ver en el siguiente enlace).

Revolución Democrática

La revolución democrática es la estrategia que hemos planteado para alcanzar la ruptura democrática. ¿Es posible plantear un proceso de ruptura democrática, un proceso que ponga en cuestión la dominación de la oligarquía, sin un movimiento revolucionario? No sólo hay que poner en cuestión la forma política actual del capitalismo en España (eso ya está pasando, de facto): nuestro objetivo es poner en cuestión las formas que garantizan la dominación de clase, en este momento concreto, las formas más autoritarias del sistema en las últimas décadas. ¿Eso pasa por tener mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¿Se va a hacer por la vía democrático-institucional? Aquí está el quid de la cuestión, y es precisamente donde a veces entramos en el juego de los conceptos vacíos, y nos saltamos la necesidad de desarrollar un proceso revolucionario para la transformación social de carácter rupturista.

El Poder no está en cuestión en los procesos electorales, ni se ejerce desde las instituciones (cada vez más mermadas, por cierto) de la forma política del capitalismo. El Poder está en manos de la oligarquía financiera, y las instituciones del régimen están a su servicio. Si queremos enfrentar un proceso de ruptura democrática contra este marco político, institucional, etc., que está al servicio de la oligarquía, deberemos abordarlo por la vía revolucionaria, por la vía de organizar un contra-poder, en este caso de carácter popular, que supere al legalmente establecido.

¿Se pueden llevar a cabo las políticas concretadas en el programa, políticas de carácter rupturista, si no es a través de un proceso de revolución democrática? Las experiencias históricas dicen que no. Y más recientemente, el caso griego despejó las dudas a los que en Andalucía intentaron impedir los recortes desde las instituciones, pero terminaron aplicándolos por imperativo legal. El capitalismo no se reforma desde sus instituciones, y para gestionarlo ya están otros actores políticos.

Proceso constituyente

Ya hay en marcha un proceso constituyente, precisamente como medio para garantizar el objetivo de la restauración, para seguir apuntalando las medidas necesarias que mantengan y garanticen la explotación y la dominación de la clase trabajadora. Lógicamente, la propuesta del PCE debe ser un proceso constituyente distinto, que sirva a los intereses del pueblo, que sea la plasmación de la conquista de una parte del poder a la oligarquía. Este tipo de proceso será, pues, la conclusión con éxito de una revolución democrática, la concreción práctica de un contra-poder popular, la superación efectiva del poder legitimado por el poder constituyente. En definitiva, hablamos de la subversión del orden establecido. Pensar que desde las instituciones actuales se puede dar un proceso que las modifique y las democratice, para generar políticas en beneficio del pueblo y contrarias a la oligarquía es llevar al mismo pueblo a un engaño permanente, y en última instancia, alimentar la frustración social y colectiva. No se pueden reformar las estructuras capitalistas de la Unión Europea ni de España desde las mismas estructuras.

El proceso constituyente que se dé en España, si es de carácter popular, se dará precisamente porque la movilización del pueblo, la organización social de carácter rupturista, haya superado en la práctica a las instituciones existentes. Hay que participar en las instituciones, sí. Pero no como un fin en sí mismo, tal y como IU ha venido haciendo en los últimos 30 años.

Alianzas sociales y de clase para la revolución democrática

A partir de la concreción del programa al que aspiramos (de mínimos en la revolución democrática), podremos elaborar unas alianzas sociales y políticas, en pos de la conformación del poder popular. Y, si al final caracterizamos la coyuntura como de pugna entre ruptura y restauración, y el PCE debe situarse en la ruptura, nuestras alianzas deberán ser coherentes con dicha posición. Las Marchas de la Dignidad son un ejemplo claro de alianza social y política de carácter rupturista. Las cúpulas de los dos grandes sindicatos lo son también (el ejemplo), pero en su versión restauradora. Si la posición política es la salida del euro y de la UE, el Plan B no es nuestro plan. Y si no es nuestro plan, tendremos que articular uno junto con aquellos actores sociales y políticos que compartan el nuestro.

A estas alianzas que se dan con los movimientos políticos y sociales que plantean la ruptura democrática (PAH’s, 22M, Marea Verde, Marea Blanca, etc.) es a lo que llamamos el movimiento de unidad popular. La Unidad Popular (en mayúsculas) como organización y marca electoral permanente, como nuevo partido sustitutivo de IU, o como alianza institucional entre lo que quede de IU y Podemos, es otra cosa, y no precisamente de carácter rupturista. La unidad popular concebida como proceso político de acumulación de fuerzas en la política de la ruptura democrática, a través de la revolución democrática, es a lo que debe aspirar el PCE.

Y el Partido debe ir al movimiento de unidad popular como un actor más, con sus propuestas y con su orientación propia de la movilización social. ¿Renunció alguna vez el Partido a la interlocución directa en la movilización? En teoría no, pero en la práctica lo hizo cuando supeditó fundamentalmente su accionar político a la estrategia electoral, y ésta se realizaba desde IU. Si el mecanismo para la transformación social no era la movilización sino la contienda electoral, el centro de la actividad política, lógicamente, lo debía protagonizar quien se presentaba a las elecciones. Formalmente no se cedió la interlocución social a IU, pero al suscribir una actividad fundamentalmente electoralista al tiempo que se cedía, esa sí, la representación electoral a IU, se consumó el truco de la segunda clandestinidad del PCE.

Es ese precisamente el centro del debate en el XX Congreso: ¿optamos por conquistar espacios electorales y cuotas institucionales, o nos centramos en organizar y dirigir el conflicto social y el poder popular? Para lo primero, el Partido Comunista sobra. Para lo segundo, el Partido Comunista debe actuar como tal, y para eso no hacen falta intermediarios, sino la relación entre iguales con el resto de fuerzas sociales y políticas con las que compartimos objetivos y luchas. Para lo primero, el Partido de Izquierda Unida (o cualquiera de sus variantes nominales) tiene una lógica en la que no cabe el Partido Comunista. Para lo segundo, el movimiento político y social que debería haber sido Izquierda Unida, y que ahora no es ni de lejos, en cualquier caso ya no serviría como espacio unitario, puesto que la movilización ya se ha dotado, en la práctica, de otros referentes.

Desde el PCE e IU se lleva teorizando desde hace años sobre la construcción del bloque social y político de carácter alternativo (BSP). Una teorización más o menos parecida a que se iba a constituir por decreto, y por supuesto, desde IU. Mientras tanto, el BSP real, se estaba conformando en la calle y fuera de IU. A falta de espacios unitarios y de referentes de lucha, la clase trabajadora y el pueblo tuvo que organizarse: Mareas Blancas, Mareas Verdes, PAH’s, Marchas de la Dignidad, etc., donde han participado multitud de militantes de IU y del PCE, pero con IU, y en gran parte con el PCE, por fuera. Como espectadores pasivos, sin orientación ni dirección del movimiento. Y a veces, con alianzas sociales o posiciones institucionales y políticas contradictorias con las del BSP.

En la lógica de la estrategia electoral, estos años se estaba esperando el anunciado incremento en las expectativas de voto que permitiesen justificar un acuerdo en el Gobierno Central con el PSOE. Y mientras a IU le pasaba la realidad social de la movilización por encima, las expectativas electorales acabaron en otro sitio. Al final, combinar el discurso de la ruptura con la práctica de la restauración pasa factura. Ni IU será ya el referente principal de la movilización rupturista, ni va a necesitar una calculadora (al menos no una con muchos dígitos) para hacer sus cábalas al gestionar los acuerdos post-electorales.

XI Asamblea, XX Congreso

No tenemos que esforzarnos mucho en cómo superar a IU en su XI Asamblea. A IU ya la ha superado el carro de la historia. Las necesidades del pueblo y de la clase de organización y movilización en defensa de sus intereses no pudieron esperar a que llevásemos a la práctica precisamente aquello que habíamos aprobado en la X Asamblea. Parafraseando, pasaron los documentos pero no pasó la política. Y el pueblo y la clase también pasaron, pero de largo.

En su XX Congreso, el PCE debe optar entre reforma o revolución. Si es lo primero, la XI Asamblea será de refundación de un proyecto socialdemócrata en cualquiera de sus variantes (el PIU, la UPeC o cualquier otro). Si es lo segundo, el PCE deberá recuperar todas sus competencias y retomar el papel histórico que le corresponde como Partido Comunista.

El XX Congreso no va a resolver la duda sobre si la clase trabajadora necesita un referente comunista: eso está ya resuelto por la Historia de manera afirmativa. Lo que el XX Congreso debe decidir es si el PCE quiere ser la opción partidaria del referente comunista en España, o va a esperar a que también le pase el carro de la historia por encima.

 Miguel López. Secretario Organización Provincial PCA-Sevilla