EL PCA en Sevilla ciudad de adhiere a declaración contra el TTIP.

Declaración sobre la protección del inversor en el TTIP, CETA y otros tratados de libre comercio.

 Los abajo firmantes hacen un llamamiento a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá para que excluyan cualquier sistema de Resolución de Conflictos Inversor-Estado del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), del Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) y de cualquier otro tratado de comercio e inversiones. 

Esta semana, Estados Unidos y la Unión Europea reanudan las negociaciones sobre la protección del inversor en el TTIP. La Comisión Europea —que asegura haber  escuchado a la opinión pública— presenta su propuesta de un «nuevo» Sistema de Tribunal de Inversiones, el Investment Court System (ICS), que supuestamente reemplazará al «antiguo» ISDS en todas las actuales y futuras negociaciones. Sin embargo, creemos que los cambios propuestos son sólo un nuevo maquillaje del viejo sistema ISDS, si no que la UE obvia los problemas clave de este sistema, y es que ambos sistemas ponen en peligro la democracia y la soberanía en la toma de decisiones.

Merece la pena destacar, que la nueva propuesta es mucho peor que la situación actual de los tratados bilaterales de inversión actuales de los Estados miembros (es decir, de cada país por separado) en los cuáles, por lo menos, existe una posibilidad de salirse. De llegarse a aprobar el TTIP o CETA, ambos países estarían con las manos atadas sin posibilidad de salida alguna. Además de esto, hemos identificado cinco asuntos clave que existen en ambos mecanismos, ISDS e ICS.
● Tanto el ISDS como el ICS otorgan derechos exclusivos a los inversores extranjeros, y,
por lo tanto, discriminan negativamente a los inversores del país, a la ciudadanía y a las comunidades, sin ninguna evidencia de beneficios para la sociedad en su conjunto.
● Tanto el ISDS como el ICS pueden obligar a los gobiernos a utilizar miles de millones de euros o dólares de los contribuyentes para compensar a las corporaciones por el simple hecho de defender políticas públicas de interés social, ambiental o económico, entre otras, la defensa la sanidad pública, el medio ambiente o los derechos laborales; por ejercer acciones gubernamentales o simplemente por el hecho de tener que asumir los elevados costes de las sentencias del tribunal. Ni uno ni otro garantizan que los intereses privados no socaven los objetivos de las políticas públicas.
● Ni el ISDS ni el ICS están sujetos a principios y controles democráticos. Los parlamentos no podrán cambiar las leyes a posteriori.
● Tanto el ISDS como el ICS socavan la jurisdicción del Tribunal Europeo y de los
tribunales de los Estados Miembros ya que los inversores extranjeros los pueden eludir.
● Tanto el ISDS como el ICS ignoran el hecho de que los sistemas legales de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá son perfectamente capaces de solucionar disputas con los inversores extranjeros, basándose en el derecho que se aplica a cualquier persona o entidad en la sociedad.

El número de casos inversor-Estado se ha disparado de manera exponencial en los últimos años, con una media de 50 nuevas reclamaciones anuales en los últimos cuatro años. El número total de casos conocidos de ISDS ha llegado a las 667 reclamaciones contra un total de 105 países, en una gran diversidad de políticas gubernamentales, pudiendo ser consideradas muchas de ellas como cuestiones comerciales no tradicionales.

Un ejemplo que llama la atención, es el caso del la empresa Transcanada, promotora de un oleoducto canadiense, que está tratando de demandar al gobierno de Estados Unidos por su bloqueo del oleoducto Keystone XL como parte de su combate contra el cambio climático. Hay que señalar que la Transcanada demanda a Estados Unidos utilizando cuatro derechos del inversor existentes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), derechos que también están incluidos en el CETA y en la propuesta de europea del ICS.

Además, los principales cambios que aboga la Comisión en la última propuesta para adoptar como medidas de mejora del sistema, tienen grandes vacíos legales en dos principales áreas: la supuesta independencia del sistema y la supuesta protección del derecho a regular.

Mientras la introducción de los llamados “jueces” en los tribunales de inversión parece un paso positivo, en realidad siguen siendo árbitros privados que obtendrán grandes retribuciones por sus servicios en cada caso. Esto, sigue siendo un gran aliciente para posicionarse de manera favorable en el lado del inversor para asegurar casos en el futuro.

Por esto, el sesgo del inversor se mantendrá aunque la UE y sus socios de comercio pretendan introducir un salario regular para los “jueces”, ya que lo que no cambia sigue siendo el sistema legal que permite que solamente una de las partes pueda demandar, por lo tanto seguirá habiendo un claro interés de asegurar casos favorables a los denunciantes (en este caso los inversores) para asegurar una continuidad de casos, poder y autoridad para los adjudicados.

El derecho a regular a favor del interés público no protege contra los daños ilimitados e irreversibles que están incluidos en los “esperados beneficios e intereses”. Es más, esto determina totalmente el interés de los gobiernos a la hora de tomar “medidas necesarias” para lograr objetivos “legítimos” dejando el criterio para definir que medidas son necesarias a la mera interpretación de las cláusulas del tratado. Un caso de ISDS en sí puede que no presione sobre una legislación concreta, pero el mero hecho de saber que en el caso de que la interpretación sea desfavorable hacia el Estado, y esto conlleve a una demanda por parte del inversor, el riesgo tan alto de enfrentar una demanda con un coste de millones de euros de nuestros bolsillos (como contribuyentes) y del presupuesto público, pone una etiqueta de precio demasiado alta a cualquier ley o regulación que se quiera modificar o pasar.

Esta situación no es un caso hipotético, es lo que se conoce como “enfriamiento regulatorio” que países como Malasia o Nueva Zelanda ya han sido testigos. Ambos países estuvieron a la espera de los resultados del caso de la demanda de Phillip Morris, haciendo uso del ISDS, contra Australia, para ver que pasaría en el caso de que estos dos países quisieran implementar legislaciones similares en el envoltorio de las cajas de tabaco.

La UE dice haber protegido el “derecho a regular” dando una falsa impresión de seguridad; la salud, el medioambiente y las legislaciones sociales siguen estando en peligro en la UE, los EEUU y Canadá si el ISDS/ICS o cualquier otra forma se incluye en el CETA y en el TTIP.

Si bien los tratados de comercio e inversión que ya existen limitan enormemente el espacio de creación de políticas públicas de interés social de los gobiernos, la inclusión del ISDS/ICS en el CETA y en el TTIP supondría una expansión de manera masiva del sistema de arbitraje – además de multiplicar el riesgo financiero de los gobiernos en ambos lados del atlántico. El ISDS en el TTIP daría poder a más de 47,000 de empresas subsidiarias de los EEUU que a día de hoy operan en la UE, para usar el ISDS sobre cambios o modificaciones en las políticas Europeas o acciones de gobiernos.

Más allá del TTIP, en el caso de aprobarse el CETA, cuatro de cada cinco empresas de EEUU operando en la UE – un total de 41,811 – podrían igualmente usar el ISDS en casos contra los Estados miembros de la UE (a través del contrato de inversión de las filiales en Canadá). El hecho de que Canadá o EEUU usen el ISDS para demandar a un Estado es aún más real si vemos los datos que señalan a estos dos países como el origen del mayor número de demandas interpuestas contra Estados.

Estos dos países son responsables de ejecutar el 80% de los casos conocidos de disputas entre Estados-inversores.

No sólo la inclusión del ISDS/ICS en el CETA y en el TTIP conllevarían a una explosión masiva de casos de arbitraje de inversiones sobre políticas legítimas; su inclusión significaría un golpe duro hacia la democracia, los Derechos Humanos y el ejercicio de la Ley.

En tiempos donde toda la atención está enfocada en alertar sobre el inminente peligro del cambio climático y en resolver la crisis económica y social en el mundo, es especialmente indignante que estos tratados pretendan poner aún más obstáculos a las alternativas y salidas de la crisis que se están dando; como el potencializar la economía local. Un ambiente favorable para poder llevar a cabo medidas que protejan a las personas y al planeta, no es el que proponen los defensores del TTIP o del CETA. No tenemos que ceder a las políticas de coacción impulsadas por grandes corporaciones haciendo uso de mecanismos de litigación sobre el comercio o inversiones. El foco tendrá que estar en solventar los problemas democráticos actuales de debilidad de nuestras estructuras políticas y espacios de toma de decisiones. Encontrar soluciones que combinen el acceso equitativo a la Ley y la capacidad absoluta del escrutinio democrático del desarrollo de la Ley.

Por esto, no apoyamos la protección al inversor extranjero que se pretende dar en el TTIP y el CETA por encima de las personas y el planeta, y de nuevo, llamamos a la exclusión del ISDS de todos los tratados actuales y futuros de inversión.

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