El PP no puede reescribir la historia.

Fuente: Edad Conteporánea.

Declarar fraudulentas las elecciones de 1936 y al Gobierno del Frente Popular ilegal era esencial para los propagandistas fascistas que no querían verse colocados en una postura «revolucionaria» oponiéndose a un gobierno legal y a un régimen establecido. Hugh Thomas, Broué y Témine, Bolloten, Catell, Malefakis, Abella, Aróstegui, Tussell, Payne, Carr, Fusi, Juliá, Tuñón de Lara, Viñas, … , todos ellos admiten, en cambio, la victoria republicana. Incluso el franquista Seco Serrano, en su historia publicada en Barcelona en 1962, admite el hecho de la victoria de la izquierda (Historia de España, tomo IV, Epoca contemporánea, Barcelona, 1962, pp 127-128).

Los argumentos de los franquistas no tienen fuerza alguna porque la derecha aceptó la validez de los resultados hasta el estallido de la rebelión de Franco; entonces se hizo necesario construir una nueva historia para justificar una nueva situación. Catell insiste en este punto decisivo: “En los cinco meses anteriores al comienzo de las hostilidades abiertas, la derecha apenas habló de fraude (Communism and the Spanish Civil War, Berkeley, University California Press, 1956). Jose Venegas insiste también en este detalle vital, demostrando cómo el argentino monseñor Franceschi escribió el 18 de junio, justo un mes antes de la guerra:“Todas las noticias que llegan de España demuestran que las derechas fueron derrotadas ante todo por sus divisiones internas, su inercia, su tardanza en resolver los problemas fundamentales relativos a la vida económica, por la incomprensión de que dieron muestra la mayor parte de sus dirigentes (Las elecciones del Frente Popular, Buenos Aires, 1942, pp. 33). Pero cuando estalló la guerra civil y el portavoz de la Iglesia católica en Argentina se vio en la necesidad de disculpar la rebelión, cambió su historia y se justificó diciendo que había sido engañado por los servicios de prensa (Monseñor G. J. Franceschi: En el humo del incendio, Buenos Aires, 1938, pp. 50).

Venegas cita también al Primer Ministro Portela Valladares, el “organizador” de las elecciones: “Las elecciones realizadas en febrero de 1936 con todo el orden deseado, han consagrado el triunfo del Frente Popular; tengo, para afirmarlo, la autoridad que me da la presidencia de este Gobierno. La gestión electoral fue reconocida por los partidos de la derecha como una legalidad de su derrota. No puede hablarse en justicia de que se falseó el sufragio, porque ello significaría un alegre embuste. Estoy dispuesto a afirmarlo en todo momento, para que la conducta de cada cual quede en su lugar” (Venegas, pp. 31-32).

El testimonio de Portela es fundamental por cuanto era el personaje clave en la trama ideada por Alcalá Zamora. Pero esto requiere una pequeña regresión en el tiempo para entenderlo. A lo largo de 1935 la influencia cada vez mayor de la CEDA en el gobierno impuso la contrarreforma al ignorar o anular en gran medida la legislación referente a las relaciones Iglesia — Estado, a las condiciones laborales y a la reforma agraria. La izquierda no podía hacer nada, con sus líderes en la cárcel o en exilio, salvo pedir al presidente de la República que convocara nuevas elecciones. Pero Alcalá Zamora era reacio a disolver el Parlamento por segunda vez porque ello podía conducirle a la destitución. Pero a finales de 1935 filtró unas informaciones confidenciales relativas a un caso menor de tráfico de influencias que se convertiría en el primero de los dos escándalos de corrupción que minarían el poder de los radicales. Finalmente Alcalá Zamora, al mismo tiempo que cerraba el paso a Gil Robles, lanzaba desde la presidencia de la República su propio partido y daba a Portela Valladares, con el gobierno, el decreto de disolución. Por ello es tan importante el testimonio de Portela ya que su gobierno utilizaría todo su poder y su influencia para formar un nuevo Partido del Centro Democrático que pudiera ganar en las próximas elecciones.

Sin embargo, esta maniobra fracasó y el centro quedó prácticamente apartado del juego

político. Aún a pesar de esto, Portela no dudó en declarar como legal la victoria del Frente Popular.  El 19 de febrero, a Portela, asustado a los ojos de Azaña, desbordado, abandonado por los gobernadores civiles y sin ceder a las presiones de la derecha política y militar — que le demandaban la declaración del estado de guerra – no le queda más salida que la dimisión, aunque por paradojas de la historia la decisión que mas le honra es la que se ha convertido en razón de su vituperio. ¿Qué podía realmente hacer en aquella circunstancia sino exigir de Azaña que se hiciera cargo del Gobierno y que abandonara su ilusorio empeño de cumplir los plazos establecidos por la ley?. No era precisamente la ley lo que entonces regía. Le siguió Alcalá Zamora que, enemistado con la derecha y la izquierda, fue destituido, con el pretexto, legal, desde luego, aunque paradójico y absurdo, de que había procedido mal al disolver las Cortes en enero de 1936. El procedimiento jurídico lo daba el artículo 81 de la Constitución y prácticamente no hubo discusión: el 7 de abril 238 diputados (del Frente Popular y el PNV) votaron por la destitución y 5 en contra; los grupos de la derecha no estuvieron presentes. (El texto íntegro de la constitución de la II República y otras pueden consultarse en http://www.congreso.es/ )

Otro de los argumentos esgrimidos en contra de la victoria del Frente Popular fue la desproporción entre los votos populares conseguidos por cada partido y el número correspondiente de diputados. Esto formaba parte del sistema electoral de aquella época, que tenía como objetivo facilitar mayorías fuertes. Si un distrito — por ejemplo, la ciudad de Madrid — tenía diecisiete diputados, la mayoría conseguía trece, y la minoría, cuatro, aunque hubiese pocos votos de diferencia entre ellas. Así fue como la derecha unida ganó las elecciones de 1933, sin una mayoría nacional, contra la izquierda desunida. Ni la derecha protestó entonces ni hizo esfuerzo alguno para cambiar este sistema durante los dos años que estuvo en el poder.

Otra “prueba” presentada por los franquistas para demostrar el carácter fraudulento de las elecciones de 1936 es un documento redactado por orden de Serrano Suñer, entonces ministro del Interior y publicado en 1939 (Dictamen de la comisión sobre ilegitimación de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Madrid, 1939 y Apéndice I al Dictamen…). Este documento ataca la legalidad de cierto número de decisiones de la comisión para las elecciones a las Cortes y de decisiones de las mismas Cortes. Es un documento parcial que no puede comprenderse si no es en relación con los debates parlamentarios de aquel periodo. Cuando se comparan los dos papeles — el “dictamen” y los debates parlamentarios — se revela la deshonestidad pusilánime del documento franquista con toda claridad. El dictamen escrito bajo las órdenes de Serrano Suñer en 1939 acusa las elecciones celebradas en la provincia de Valencia de fraude; pero, en las Cortes, Serrano Suñer, que era diputado, afirmó que según su opinión las elecciones en aquella provincia se habían desarrollado en condiciones normales (Diario de sesiones, 20 de marzo de 1936). El dictamen recusa las elecciones en Pontevedra, donde diez escaños fueron para la izquierda y tres para la derecha. Pero en las discusiones celebradas en las Cortes, nadie planteó la cuestión de la validez de la izquierda, y se entabló una lucha entre el centro y la derecha, que habían ido juntas en las elecciones de febrero, por los tres escaños restantes. El reaccionario Suárez de Tangil, en el curso de los debates, declaró que él no ponía reparos a los resultados de Pontevedra, y el candidato de la CEDA, Barros de Lys, dijo: “Yo tengo que decir que doy la elección de los candidatos del Frente Popular por legítima y que, por consiguiente, no podría formular ninguna protesta que pudiera ir contra su proclamación” (Diario de sesiones, 26 de marzo de 1936. El lector interesado puede consultar en el Diario los debates sobre las elecciones en Salamanca, Toledo, Burgos, La Coruña y otras regiones).

Cuarenta y cinco años mas tarde el veredicto de Catell sigue teniendo vigencia: “Se puede decir, como conclusión, que la acusación de fraude en las elecciones con la intención de arrojar la mancha de ilegitimidad sobre el Gobierno del Frente Popular no ha sido probada por los nacionales” (Communism and the Spanish Civil War, Berkeley, University California Press, 1956, pp. 37)

Zaragoza a 31 de Mayo de 2001 Miguel Moliné Escalona