Un banco expropiado por el decreto de la Junta estudia ofrecer alquileres sociales

Elena Cortés, en la reunión con los bancos. 

El recurso del Gobierno contra el decreto andaluz antidesahucios en el Tribunal Constitucional ha dejado, de momento, sin armas efectivas a la Junta para continuar con las expropiaciones de uso de viviendas: 18 hasta que fue paralizada la normativa. Lo que no ha paralizado el Gobierno con su recurso es la insistencia de la Junta en pedir a los bancos soluciones para estas familias, la última vez, a finales de julio, en una reunión con las principales entidades financieras en la Consejería de Fomento y Vivienda.

Según fuentes presentes en el encuentro, el Banco Santander, que fue objeto de dos expropiaciones de viviendas de su titularidad, se comprometió a ofrecer un alquiler social a las personas que habitan estos pisos. Fuentes de la entidad aseguraron a Andalucesdiario.es que están estudiando “todos los casos”.

A la reunión, convocada por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), acudieron representantes de CaixaBank, Unicaja, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Cajasur, Caja General de Ahorros de Granada, Cajamar, Ibercaja, Caja Rural de Granada, Caixanova Galicia y del Sareb, el conocido como banco malo.

Faltó, sin embargo, Bankia. Una ausencia “incomprensible”, consideran fuentes de la consejería, al tratarse de un banco rescatado con ingentes cantidades de dinero público y especialmente afectado por los problemas que busca combatir el decreto andaluz. Bankia no explicó a este periódico las razones por las que no acudió a la cita.

PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS
Cortés pidió a los bancos que paralicen los desahucios de “forma urgente” hasta que el Tribunal Constitucional decida -tenía un plazo de cinco meses- e instó a las entidades a sumarse al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, “una herramienta útil que lleva frenando desahucios desde octubre en todas las provincias”, según explicó. El convenio permite a las familias que actualmente son incapaces de hacer frente a su hipoteca poder continuar en sus casas mediante la fórmula del alquiler con opción a compra.

Además, incluye una serie de alternativas para evitar en última instancia el desalojo, como la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario (ampliación del plazo de carencia o del plazo de amortización) o la dación en pago. Según el programa, las cajas y bancos firmantes del documento se comprometen, igualmente, a no iniciar reclamación judicial contra el afectado en el plazo de un mes, tiempo en el que la Junta debe elaborar una propuesta individualizada para liquidar la deuda de la persona afectada.

Según las citadas fuentes presentes, los representantes de las entidades financieras no manifestaron entusiasmo alguno por adherirse al programa, al que ya se han sumado 215 ayuntamientos, la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Fuente Andaluces.diario